Por Fernando Raga
Director Ejecutivo Instituto Forestal (INFOR)
A pesar de los enormes beneficios ambientales y socioeconómicos de la forestación, hay razones que dificultan la implementación de dinámicas naturales que la favorezcan en los países. En primer lugar, las cadenas de valor de la madera son largas: establecimiento de bosques, aserraderos o tableros, celulosa, productos de elaboración secundarios y terciarios. Si bien la cadena completa es privadamente rentable, su primera etapa –fase silvícola- puede no serlo, por los largos ciclos de los árboles. Así, el desarrollo forestal es más fácil para grandes empresas integradas que, al controlar toda o buena parte de la cadena de valor, pueden financiar plazos largos y compensar con sus ingresos industriales la débil o nula rentabilidad privada de la fase silvícola.
Pero los forestadores no integrados, enfrentan la forestación con menos incentivos y recursos, y eventualmente toman decisiones que no favorecen una cadena de valor industrial larga, como plantar árboles de rotación corta para celulosa; por ejemplo, eucaliptus. ¿Consecuencias? Una mayor concentración de empresas integradas, un desarrollo más intensivo en capital y menos en trabajo.
Por otra parte, beneficios importantes como regulación de cuencas, control de erosión y recuperación de suelos, no son valorados en los mercados privados, y son “externalidades positivas” no compensadas que generan los forestadores a su costo.
Si se desea un desarrollo forestal equilibrado, que involucre a productores de todos los tamaños, se requiere apoyar la forestación desde la primera fase para desarrollar cadenas de valor a medianos y pequeños que complementen a las empresas integradas. Varios países lo han abordado, principalmente, a través de subsidios u otras políticas de fomento a la forestación.
El desarrollo de los mercados de captura de carbono puede permitir a la Pyme forestadora, mejorar su rentabilidad introduciendo incentivos muy significativos a la forestación. Para ello se requerirá, por parte del Estado, fomentar la asociatividad y articular mecanismos financieros y de garantías para anticipar los flujos de valor futuro de captura de carbono, generando recursos que contribuyan a financiar la forestación inicial. Si bien el modelo puede ser un tanto complejo, experiencias chilenas exitosas demuestran que es ejecutable; y tiene la ventaja de poner en valor recursos propios de los forestadores, en este caso su capacidad de captura de carbono, no constituyendo subsidios. Un interesante desafío en la antesala de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas para el cambio climático, COP 25, que se realizará en Chile el 2020.
