Por Juan Pablo Mellado
Delegado Presidencial
Por estos días, la seguridad no es solo una prioridad: es una exigencia ciudadana transversal. Así lo dejó claro el Presidente José Antonio Kast en su primera cadena nacional, donde reafirmó con claridad el rumbo del Gobierno: enfrentar con decisión la violencia y devolver la tranquilidad a las familias chilenas.
Ese mandato no es abstracto. Se traduce en acciones concretas en cada territorio. En la provincia de Biobío, avanzar en seguridad implica coordinación real, presencia del Estado y decisiones oportunas frente a situaciones que afectan directamente la vida cotidiana de las personas. Pero también implica algo igual de importante: no relativizar la violencia ni normalizar lo que simplemente no puede ser normal.
En las últimas jornadas hemos dado pasos importantes en esa dirección. Por una parte, se desarrolló una mesa de trabajo enfocada en la violencia estudiantil. Porque lo que está ocurriendo en algunos establecimientos educacionales es grave, y negarlo o bajarle el perfil solo agrava el problema. Cuando la violencia entra a las salas de clases, el mensaje que se transmite es inaceptable: que todo da lo mismo, que no hay límites, que la autoridad no existe.
En esta instancia participaron activamente Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, porque la seguridad no se construye desde la improvisación. Se construye con decisión, con coordinación y con la capacidad de actuar antes de que los hechos escalen. Eso es lo que la ciudadanía espera, y con razón.
Pero la señal tiene que ser aún más clara cuando la violencia afecta espacios críticos. Durante la misma semana se encabezó una mesa de trabajo por la seguridad en los recintos asistenciales de la red de salud de Los Ángeles. Y aquí no hay matices posibles: un centro de salud no puede cerrar por miedo. No puede suspender atenciones porque no existen condiciones mínimas de seguridad. Eso no es solo un problema de orden público; es un problema que pone en riesgo la vida de las personas.
Hoy la realidad es clara: los hechos de violencia no están concentrados en un solo espacio, sino que se están manifestando en distintos ámbitos de la vida diaria, desde establecimientos educacionales hasta recintos de salud. Esa expansión del problema exige una respuesta más firme, más coordinada y sostenida en el tiempo, con presencia efectiva del Estado y con instituciones que actúen de manera oportuna. No hacerlo a tiempo solo permite que estas situaciones se repitan y escalen.
Estas instancias reflejan una convicción clara: la seguridad no se declara, se ejerce. Requiere trabajo permanente entre el nivel nacional, regional, provincial y comunal, pero también requiere firmeza. Porque cuando el Estado duda, la violencia avanza.
La seguridad no admite excusas. Y en esa tarea, no hay espacio para ambigüedades, relativizaciones ni dobles lecturas. La violencia se enfrenta, se contiene y se sanciona. Ese es el camino. Y no hay otro.
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