Por Cristóbal Jardua Campos
Delegado Presidencial Provincial de Punilla
23 de octubre de 2026.- La seguridad de las familias exige decisiones concretas y un Estado capaz de responder frente a quienes amenazan la tranquilidad. Por eso, el avance del proyecto que crea el Registro Único de Vándalos e Incivilidades es importante para fortalecer el orden público y proteger los bienes de todos.
La iniciativa anunciada por el Presidente José Antonio Kast durante la Cuenta Pública del 1 de junio de 2026, fue despachada por la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados a la Comisión de Hacienda y continúa su tramitación. Contempla sanciones accesorias, como es la restricción a beneficios estatales, debido a conductas graves, como incendiar el transporte público, utilizar bombas Molotov, dañar el patrimonio cultural, cometer usurpaciones y maltratar animales.
Agresiones o atentados contra Carabineros y personal de salud, destruir espacios destinados para la familia o quemar una micro no es manifestarse: es poner en riesgo a las personas y una señal clara de no querer ser parte de esta sociedad que construimos juntos. Detrás de estos hechos hay trabajadores sin transporte, familias que pierden espacios de encuentro, comerciantes que pierden su fuente de ingresos y funcionarios policiales lesionados mientras protegen a todos los chilenos.
El derecho a manifestarse pacíficamente es fundamental, pero otra cosa muy distinta es la violencia y destrucción. Expresar una opinión es legítimo; agredir, incendiar o dañar bienes públicos afecta los derechos de los demás y debe abordarse conforme a la ley. La convivencia exige derechos, pero también responsabilidades.
Los hechos de violencia registrados durante el aniversario del 18 de octubre recuerdan las consecuencias de estas conductas. No podemos normalizar incendios al transporte público,
destrucción de espacios comunes ni ataques contra quienes resguardan el orden. La ciudadanía tiene derecho a vivir con tranquilidad.
En Punilla sabemos que la seguridad se construye con prevención, coordinación y presencia del Estado. Desde la Delegación trabajamos con municipios, policías y servicios públicos para entregar mayor seguridad a los vecinos de San Carlos, San Fabián, Coihueco, Ñiquén y San Nicolás. Cuidar plazas, infraestructura y servicios esenciales también es cuidar a nuestras familias
¿Es eso sencillo? No, no lo es. Pero si los delincuentes no descansan, nosotros en ningún caso lo haremos.
Valoramos que la iniciativa siga avanzado gracias a acuerdos entre distintos sectores políticos. La seguridad debe estar por encima de las diferencias: las personas necesitan soluciones concretas. El diálogo permite avanzar hacia nuevas herramientas que permitan enfrentar conductas que perjudican la convivencia y el orden público.
El proyecto aún debe completar su tramitación parlamentaria antes de convertirse en ley. Su discusión debe asegurar mecanismos claros, eficaces y jurídicamente sólidos, con respeto a las garantías y los procedimientos correspondientes. El objetivo es que quienes cometan actos de violencia y destrucción enfrenten las consecuencias que establezca la ley, sin afectar el legítimo derecho a manifestarse pacíficamente.
Como Gobierno del Presidente José Antonio Kast, tenemos la responsabilidad de fortalecer el respeto por la ley. La seguridad se demuestra con decisiones concretas. Proteger el transporte público, resguardar a nuestros funcionarios policiales y cuidar los espacios compartidos es proteger a las familias chilenas. La violencia no puede tener la última palabra: debemos construir una sociedad donde se respeten las normas y las personas vivan con mayor tranquilidad.
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