Expertos y autoridades analizaron en la Universidad de Concepción los avances de Chile en conservación, los indicadores de biodiversidad y los desafíos para cumplir las metas ambientales al 2030.
Expertos y autoridades nacionales analizaron los desafíos de Chile en materia de conservación en el seminario Biodiversidad Chile 2030: Estrategia Nacional y Séptimo Reporte a la CDB, desarrollado en la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanografía de la Universidad de Concepción. La instancia, que congregó a representantes del Ministerio del Medio Ambiente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), tuvo como eje central el estado de avance del Séptimo Reporte Nacional (7NR) y la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB).
El encuentro permitió evaluar el cumplimiento del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, proceso en el que Chile logró calcular 14 de los 25 indicadores de cabecera a partir de datos oficiales. Entre los resultados destacados, se informó que un 40,6% del territorio nacional se encuentra bajo medidas de conservación y que el gasto público en la materia alcanzó los $326.600 millones en 2024. No obstante, los especialistas advirtieron que la dispersión de datos y la falta de interoperabilidad entre instituciones públicas continúan siendo barreras críticas para una gestión eficaz.

En este sentido, Aníbal Pauchard, director del IEB y académico de la Universidad de Concepción, enfatizó que la ciencia debe ser un pilar en la creación de capacidades nacionales para cumplir con los compromisos globales. La jornada hizo hincapié en la necesidad de transitar desde la elaboración de informes periódicos hacia un sistema permanente, transparente y auditable de seguimiento. Ricardo Segovia, coordinador del programa BIODATA del IEB, explicó que el desafío radica en generar indicadores confiables que permitan monitorear el progreso real hacia 2030, para lo cual el instituto ha propuesto una arquitectura federada de datos que permita integrar información de diversas fuentes.
La implementación financiera y la gobernanza fueron otros puntos de debate. Alejandra Figueroa, representante del PNUD, advirtió que el país enfrenta una contradicción al fomentar la restauración mientras se mantienen incentivos perjudiciales para los ecosistemas. A su juicio, resulta urgente establecer acuerdos intersectoriales que rediseñen el financiamiento estatal y fomenten alianzas con la filantropía para escalar las iniciativas de conservación.

Por su parte, Miguel Stutzin, del Ministerio del Medio Ambiente y Punto Focal Operacional del GEF en Chile, subrayó que, si bien el apoyo financiero internacional ha sido fundamental para los reportes de transparencia bajo el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la brecha de financiamiento requiere una mayor articulación entre el sector público y el privado.
El seminario concluyó con una mesa redonda donde se analizó el rol de la nueva institucionalidad, representada por el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). El seremi del Medio Ambiente del Biobío, Mario Delannays, destacó que la prioridad actual es transformar los compromisos internacionales en acciones medibles y concretas. Como insumo técnico para este proceso, el IEB presentó el documento de recomendaciones de política pública titulado 7° Informe Nacional de Biodiversidad: brechas y recomendaciones para la implementación del marco de monitoreo en Chile, disponible para consulta pública en el sitio web de la institución.
























