Oscar Eduardo Burgos Peredo Matrón Doctor en Educación Ambiental - Universidad de Granada España Magister en Educación - UFRO.

Por Oscar Eduardo Burgos Peredo

Matrón

Doctor en Educación Ambiental – Universidad de Granada España

Magister en Educación – UFRO

Primero destacar los problemas ambientales en la región del Bio Bio, por definición siempre complejos, los que debemos abordar integralmente y que están presentes hoy en la provincia del Bio Bio, Arauco y comuna de Lota, ellos son:

  • Cambio Climático, considerado como un elemento o problema transversal a todas las otras materias y como esencial a considerar para una gestión holística de la región y del país.
  • Circulación vehicular.
  • Degradación, pérdida y contaminación de suelos.
  • Escasez y contaminación de recursos hídricos.
  • Olores.
  • Pérdida de biodiversidad.
  • Residuos líquidos.
  • Residuos peligrosos.
  • Ruidos y vibraciones.

En Chile “la ley ambiental 19.300, está definida de tal forma que podemos estar todos contaminados, pero legalmente no estarlo”…  Lo ambiental es parte de esa agenda de pendientes a los que el Estado debe responder ahora partiendo por la nueva Constitución.

Teniendo presente que Chile constituye uno de los primeros y más radicales experimentos en la aplicación de políticas neoliberales alrededor del mundo. El neoliberalismo ha impactado dramáticamente en el modelo económico de desarrollo, y, en forma sobresaliente, ha influido en las relaciones políticas respecto a la naturaleza y a los pueblos indígenas.

El constituyente de 1980 concibió, ilegitimo desde su origen desde mí reflexión, en la vanguardia de los ochenta incorporar en el artículo 19, numeral 8, de la Constitución, un derecho: el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (derecho que con la Constitución actual cede constantemente ante la libertad de empresa y el derecho de propiedad), deberes de protección y una cláusula de limitación de derechos. Además, el recurso de protección garantiza el derecho, “cuando… sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada”.

La posibilidad de escribir una nueva constitución debería contemplar una visión medioambiental que permita modificar asuntos estructurales como la privatización del agua. Si bien expertos coinciden en que una nueva constitución no solucionará todos los pendientes ambientales que tiene Chile, aseguran que sí abriría la posibilidad a que se pueda legislar sobre temas en los que hoy no es posible hacer grandes reformas puesto que la constitución actual no lo permite, es un enclave que inmoviliza los cambios necesarios a concretar.

Uno de los temas más relevantes es el AGUA, un recurso que desde hace una década sufre una megasequía y que el 2019 alcanzó su pico matando, hasta ahora, a 1.500.000 animales, según datos del Ministerio de Agricultura.

En Chile, explica la abogada Liliana Galdámez, profesora e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, los derechos de agua, tal cual está establecido en la actual constitución, están en manos de privados. Los problemas de distribución asociados a esa figura han agravado las consecuencias de la sequía, pero “la constitución actual es una piedra de tope para que reformas sustantivas en materia de agua no se puedan hacer”, asegura Ezio Costa, director de la ONG Fima, el estudio jurídico ambiental de interés público más importante del país.

Una nueva constitución revisará el derecho que la propiedad tiene sobre los bienes comunes, como el agua, puesto que tal cual está escrito el texto actualmente “el derecho a la propiedad es más importante que otros derechos”, situación que al ser actualmente constitucional impide que por cuerpos legales menores se pueda actuar sobre el AGUA. Situación de profunda injusticia, inequidad y contraria a la ética del proceder institucional y de hecho en la práctica comunitaria, con la Constitución del 80 se consagra el derecho a propiedad como fundamental.

Además, con una nueva carta magna gestionaremos que consagre el derecho al medio ambiente sano y no a uno libre de contaminación. Ello, puesto que un ambiente contaminado solo puede ser considerado como tal si tiene un exceso de aquellos elementos contaminantes que están normados, al NO superarse la norma no hay contaminación según la legislación actual Chilena.

Para que todas estas consideraciones, sin embargo, sean efectivas, la nueva constitución debe tener un cambio aún mayor. Debe apostar a un Estado de derecho ambiental, dice Pilar Moraga, investigadora del Centro de Ciencia del Climay la Resiliencia y subdirectora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Es decir, “hay que plantear una perspectiva más trans-disciplinaria, más holística (…) transformar este derecho fundamental (a vivir en un medio ambiente sano) en algo que tiene mayor trascendencia y que debiera inspirar el actuar de todos los órganos del Estado”.

Para lograr esto es necesario incluir al medio ambiente en las bases de la institucionalidad, es decir, dentro de los primeros artículos de la nueva Constitución, que son los que establecen los valores fundamentales del Estado y a partir de los cuales toda la Constitución es interpretada.

Las estrategias de solución, desde la perspectiva local son las siguientes. Estas son múltiples e interconectadas y necesariamente deben ser integradas, desde una visión holística de nuestra sociedad, para los problemas ambientales complejos del mundo de hoy y debemos abordar soluciones complejas pero participativas, efectivas, abarcando los siguientes ámbitos entre otros:

             Jerarquía normativa, definir y promover esta jerarquía que hoy pasa necesariamente por una nueva Constitución que consagre el derecho al medio ambiente sano.

             Lógica coordinadora: Entre planes de prevención y/o descontaminación corresponden básicamente a un agrupamiento de iniciativas sectoriales, lo cual genera variados problemas.

             Fiscalización: Si bien la ley de la Superintendencia del Medio Ambiente contempla la fiscalización de las medidas de los planes de prevención y/o descontaminación, es insuficiente. Debemos desarrollar un sistema integral de fiscalización.

             Educación Ambiental: integrar con visión de sustentabilidad en forma transversal, promover la cultura de conservación del agua en la comunidad y las acciones para el uso eficiente del recurso.

             Flexibilidad normativa: El procedimiento de revisión de los planes de prevención y/o descontaminación es engorroso y lento.

             Mejorar la satisfacción de la demanda de agua potable en las zonas de menor cobertura.

             Reutilización de diversos recursos, incluyendo el reciclaje y reducción.

             Un plan nacional contra la sequía, Primer Plan Nacional de Adaptación de Recursos Hídricos estaría listo en 2021.

Debemos pasar desde la reflexión a la acción:

Tal ha sido el impacto recibido por el medio ambiente, que en el caso de América Latina la fórmula Constitucional se encuentra, por ejemplo, en la Constitución chilena (artículo 19, núm. 8) (deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza), y en la Constitución del Ecuador (artículo 3o.) que reconocen a la naturaleza la titularidad de derechos fundamentales. Así lo señala Ramiro Ávila Santa María, “La Constitución de Ecuador, pionera en la ruptura de la concepción tradicional de derechos humanos, reconoce por primera vez el derecho de la naturaleza como un derecho autónomo del ser humano”. También la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela asume este deber de protección (capítulo IX “De los derechos ambientales”, artículo 127). En el mismo sentido, la Constitución de Costa Rica en el artículo 50.

Pero los antecedentes actuales nos dicen que la presión sobre el medio ambiente ha cedido frente al modelo de desarrollo. Así lo demuestran los informes nacionales, como el de Conflictos Socioambientales del INDH, e internacionales, como el de la OCDE.

Y por ahora la ecuación medio ambiente-crecimiento económico NO ha sido resuelta desde la Constitución del 80, ha sido zanjada fuera de la Constitución. Este es el cambio, debemos lograr que en nuestra NUEVA CONSTITUCIÓN se consagre el derecho al medio ambiente sano.

La cuestión medio ambiental en la nueva Constitución debe ser fundamental, debe ser cuidadosamente analizada, reflexionada, su desarrollo posterior debe ser un compromiso de Estado, lo que se acuerde ha de ser entendido producto del consenso y, por, sobre todo, debe ser una respuesta consciente a los desafíos de nuestro planeta, país y de la región del Bio Bio, que enfrentan y enfrentarán en las próximas décadas.

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