Oscar Burgos Peredo Matrón – Doctor en Educación Ambiental por la Universidad de Granada Magister en Educación por la UFRO.

Por Oscar Burgos Peredo

Matrón – Doctor en Educación Ambiental por la Universidad de Granada

Magister en Educación por la UFRO

¿A qué se refiere el derecho a la Salud en Chile?

La Constitución Política, en su artículo 19 N° 9, asegura a todas las personas:

9°. – El derecho a la protección de la salud.

El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo.

Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias.

Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado.

En nuestro país el derecho a la salud se ha convertido en motivo de una preocupación ciudadana creciente y sostenida. En el centro de la discusión se encuentran las obligaciones que tiene el Estado en su protección y garantía frente a las progresivas expectativas de las personas por acceder a mayores y mejores prestaciones en este ámbito, sobre todo hoy en tiempos de pandemia por COVID 19.

Es así que, a propósito del derecho a la salud, la encuesta de opinión publicada realizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos del año 2018 señala que: Para la población nacional, los derechos humanos se posicionan en torno a aquellos que son entregados por servicios del Estado. En este escenario, se observó que el derecho a la salud fue el más identificado (mencionado por un 22% de las personas), seguido del derecho a la educación (19,3%) y el derecho a la vivienda (11,5%); el cuarto y quinto lugar lo ocupa el derecho al trabajo (10,2%) y el derecho a expresarse libremente (9,1%). Por el contrario, el derecho menos identificado corresponde al derecho a un juicio justo con un 3,7% de menciones. Antecedentes que nos permiten reflexionar sobre la realidad social de nuestra comunidad.

El rol del Estado subsidiario/Estado Social, juegan un papel absolutamente central a la hora de definir el sentido y alcance de la protección del derecho a la salud. La opción estampada en la Constitución del 1980 en Chile adopta la forma del Estado subsidiario, oponiéndose al estatismo como el peligro más grave que se cierne sobre la humanidad. Siendo lo subsidiario el que salvaguarda al individuo y proyecta la individualidad en la sociedad basados en la Constitución que hoy nos rige.

En base a la Constitución del 80 se plantea que la primera prioridad debe dirigirse al crecimiento económico general del país, para brindar un mejor nivel de vida a todos sus habitantes. Pero la crisis económica de 2008 desatada en Estados Unidos y luego la de 2011 en Europa pusieron en evidencia que el crecimiento económico de los países más ricos no había resuelto un tema central, la cuestión de la distribución de la riqueza.

Afirmar que la redistribución no consiste en transferir las riquezas de los ricos a los pobres, o por lo menos no de manera tan explícita; reside en financiar servicios públicos e ingresos de reposición equitativos para nuestra comunidad, sobre todo en el ámbito de la educación, la salud y las jubilaciones, anhelos sociales reflejados en amplias demandas sociales.

Desde el retorno a la democracia, y a la vez que se creaba un sistema privado de atención en salud, las deficiencias del sistema entregado a los privados y sus altos costos para las personas han llevado al Estado a ampliar la cobertura pública de determinadas enfermedades (Plan Auge) a la vez que se ha extendido el interés público por controlar la incidencia de los privados en el ámbito de la salud, no para limitar su iniciativa, sino para introducir mecanismos que preserven el interés público presente en la tutela de este derecho. Esta evolución y las tensiones evidenciadas por las encuestas de opinión y protestas ciudadanas han llevado a configurar un modelo que no se corresponde estrictamente con el Estado subsidiario, pero que tampoco se identifica con el Estado social.

Si bien todos los derechos tienen costo, los de derechos como el de propiedad han sido históricamente asumidos por el Estado, mientras que los derechos sociales irrumpen en el constitucionalismo moderno a principios del siglo XX, siendo la cuestión de su costo un asunto invocado para retardar su reconocimiento y garantía.

En la Constitución de 1980 el objetivo perseguido por el régimen militar y su Constitución era claro y manifiesto: trazar una separación estricta entre economía y política, y entre Estado y sociedad civil, perfectamente acorde no sólo con el modelo neoliberal que se empezó a aplicar desde 1975, sino con el ideal de democracia autoritaria y tutelada que se consagró en el texto original de la Constitución de 1980, hoy parcialmente modificado en la materia.

Si bien clásicos derechos de contenido social como el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social figuran en el catálogo de los derechos contenidos en el art. 19 de la Constitución de 1980, tales derechos no son amparados en todas sus dimensiones, y, si lo son, es sólo en el ámbito de la libertad, que corresponde a una perspectiva más individual del derecho. Lo que se protege es la libertad de elegir el subsistema de salud al que se quiere optar; lo mismo ocurre con la libertad de enseñanza (derecho de los padres para elegir el establecimiento en el que estudiarán sus hijos, derecho de los privados para abrir establecimientos de enseñanza). Lo que se garantiza no es el contenido social de esos derechos, sino los contenidos asociados a la libertad.

El reconocimiento constitucional del derecho a la salud, tiene la importantísima carencia en el ámbito de su protección.

¿Qué debemos cambiar en relación a Salud y Constitución para Chile?

Hoy tenemos la oportunidad histórica de cambio para la Salud de Chile, forjada hace mucho tiempo, pero hoy gracias a la movilización social abierta desde octubre del 2019, definitivamente podremos definir colectivamente cambiar la Constitución vigente. Esta es una oportunidad para modificar el alcance del derecho a la salud plasmado en la Constitución, que lo entiende limitado a “elegir” donde cotizar las imposiciones previsionales. Esta visión restringida debe ser reemplazada por una comprensión holística de la salud, entendida como bienestar colectivo, superando visiones centradas en la enfermedad.

La Constitución de 1980, comprende salud como un derecho de elección en donde cotizar los recursos de la seguridad social, entregando la opción de que estos recursos puedan ser destinados al Fondo Nacional de Salud (FONASA) o a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE).

La Constitución actual desarrolla la concepción de salud neoliberal la que implica concebirla como bien de consumo, por lo tanto, la “elección” queda supeditada a la capacidad de pago individual, adicionalmente se entiende a la salud y los estados de salud de la población, como algo dado por decisiones individuales de cada persona, sin considerar las determinaciones sociales de la salud.

Esta forma de entender salud, ha producido un sistema desigual, segmentado por riesgo a enfermar y capacidad de pago, siendo uno de los más inequitativos del mundo.

La Constitución debe garantizar un concepto de salud que no esté limitado a la enfermedad, el énfasis debe estar en la prevención, la promoción, participación, siguiendo un enfoque de salud en todas las políticas, incluyendo enfoque de género, diversidad sexual e integrando la cosmovisión de los pueblos originarios. Es decir, comprender la salud integralmente, referida al bienestar pleno de la población.

El lucro en salud es otro aspecto que debe ser cuestionado, dado que genera impedimentos para alcanzar el acceso y la cobertura universal, además de no ser sanitariamente eficiente, el lucro produce inducción de demanda y selección de prestaciones no sanitariamente eficientes, debemos avanzar en prohibir el lucro en prestaciones de salud con fondos públicos y de la seguridad social.

Debemos avanzar en políticas destinadas a terminar con la inequidad en resultados de salud, que se visibilizan por ejemplo en la esperanza de vida, donde las personas de mayores ingresos pueden vivir entre 15 a 18 años de vida adicionales a las personas de bajos ingresos. Este nuevo enfoque del Derecho a la Salud nos permitirá construir un nuevo sistema de salud que busque terminar con la desigualdad y segmentación.

¿Una Salud en pandemia se relaciona con la Constitución Chilena?

El arribo del Coronavirus (COVID-19) a Chile, y la errática respuesta de parte del Gobierno, ha puesto en evidencia cuáles son los límites del neoliberalismo y del Estado subsidiario para enfrentar desafíos de tal envergadura. La crisis sanitaria en desarrollo constituye un ejemplo de las consecuencias de no entender la salud como un asunto público: fenómeno que se origina en la deficiente consagración que existe del derecho a la salud en nuestra Constitución actual.

Al Estado hoy solo tiene la obligación de garantizar el “acceso libre e igualitario” a prestaciones, ya sea que se otorguen a través de instituciones privadas o públicas. De esta manera, la Constitución nos asegura únicamente la posibilidad formal de acceder a la salud, pero exime al Estado de realizar la tarea fundamental que se requiere para hacer posible la efectiva realización material de dicho derecho: implementar políticas públicas que permitan a los/as ciudadanos/as gozar de prestaciones de salud gratuitas y de calidad.

Falta hoy la consagración expresa de los derechos sociales Constitucionales. Ya que el mercado dominado por instituciones privadas, internalizan las ganancias que obtienen por prestar servicios de primera necesidad, pero externalizan los costos que sufren en virtud del rol social que les correspondería cumplir, traspasándole dicha carga a cada ciudadano/a o, en el mejor de los casos, al Estado si este decide y puede hacerse cargo de ello.

El escenario que se ha podido vislumbrar durante los últimos meses da cuenta de esta complejidad: farmacias y otros actores especulando con los precios de mascarillas y alcohol gel, copago para atenciones médicas, tibias medidas respecto a la interrupción de jornadas laborales cuando pudiese haber afectación patrimonial al sector privado. En definitiva, soluciones que buscan equilibrar la balanza entre los grandes intereses económicos y la salud de las personas, dando cuenta así de la posición que asume un Estado hoy débil en la efectiva garantía de los derechos sociales.

En definitiva, lo que se requiere para afrontar una crisis sanitaria de esta envergadura, es enfocarnos  en el bienestar social y no en privilegiar las ganancias económicas, es tener una nueva Constitución para Chile que consagre un Estado social de Derecho y desplace la posibilidad de que nuevamente vivamos bajo un Estado subsidiario; que incluya derechos sociales para los ciudadanos/as; y que establezca como una obligación preferente del sector público prestar y garantizar la efectiva ejecución de dichos derechos.

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