Si bien es cierto el número de denuncias en nuestra región es bajo, la Seremi de Gobierno, Francesca Parodi, recalcó que siempre debemos estar alerta y previniendo este tipo de delitos que atenta contra los derechos humanos.

En el día Internacional de la Trata de Personas, la Seremi de Gobierno, Francesca Parodi, realizó un llamado a evitar que en nuestra región se cometa este tipo de delito que explota a mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y la explotación sexual.

La vocera regional resaltó la importancia de esta conmemoración. “Si bien las cifras en Biobío son considerablemente menores a la de otras regiones, bajo ningún punto de vista debemos invisibilizar este delito. El llamado que hacemos como Gobierno a las personas que pudieran estar siendo víctimas o a quienes puedan sospechar de alguna situación irregular, es a denunciar y acercarse a los organismos públicos para recibir la ayuda necesaria”.

La autoridad destacó además que la pandemia del COVID-19 puede exponer y exacerbar muchas desigualdades a nivel nacional y mundial, exponiendo a millones de personas a un mayor riesgo de ser objeto de trata con fines de explotación sexual, trabajo forzoso, matrimonio forzado y otros delitos, por eso debemos redoblar los esfuerzos para proteger a las víctimas de la trata y evitar que las personas vulnerables sean explotadas por delincuentes.

La trata de personas es una grave violación de los derechos humanos y es considerada la esclavitud moderna. Vulnera la dignidad y libertad de una persona, a la vez que afecta seriamente su integridad física y psíquica. Según cifras de Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), la trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo a nivel mundial, luego del tráfico de drogas y tráfico de armas, generando más de 150 mil millones de dólares anuales.

Este ilícito, puede entenderse como un proceso que va desde la captación de la víctima mediante la amenaza o uso de la fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño y abuso de poder, su traslado que puede darse dentro del territorio nacional o cruzando fronteras hacia otro país, la recepción de la víctima en el destino para finalmente, concretar la explotación con fines de trabajo o servicios forzosos, esclavitud o prácticas similares a esta, servidumbre, prostitución ajena u otros formas de explotación sexual y para la extracción de órganos.

¿Qué hemos hecho como país para evitar este delito?

La política pública sobre el delito de trata de personas en Chile, es coordinada por la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas (MITP). El objetivo de esta instancia es dar cumplimiento a la “Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional”, en específico al “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas (Protocolo de Palermo)”. La MITP tiene presencia en todas las regiones del país, con la conformación de las “Mesas que implementan las acciones del plan y coordinan el protocolo intersectorial de atención a nivel local.

El “Plan de acción nacional contra la Trata de Personas”, creado en el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, contempla cuatro ejes: prevención y sensibilización; control y persecución del delito, protección y asistencia a víctimas y cooperación internacional y coordinación intersectorial. El plan 2019 – 2022 se encuentra en desarrollo.

*Imágenes de archivo campaña preventiva 2019

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