El Gobierno se ha mostrado incapaz para enfrentar la crisis, tanto en las medidas sanitarias, económicas y sociales, pues no ha sido capaz de proponer una solución que ponga al centro el bienestar social, una crisis que no solo tensionará el precario sistema de salud que tenemos, donde se debe universalizar los exámenes, disponiéndolos de manera gratuita, asegurar los insumos médicos, que hoy han sido denunciados como deficientes por las organizaciones de salud,  poniendo en riesgo de contraer la enfermedad a los propios trabajadores de la salud.

El estado de emergencia decretado por el Gobierno le permite, entre otras cosas, congelar los precios de alimentos y fármacos, congelar los planes de atención de salud de las ISAPRES, diferir los pagos de servicios básicos, congelar el pago de créditos, así como poner bajo el control estatal las empresas estratégicas para enfrentar la crisis. Sin embargo, cada una de estas posibles respuestas no han sido consideradas.

Lo peor ha sido del plan de protección del empleo del Gobierno, que se ha basado en el despido masivo de trabajadores o, en su defecto, en desvinculaciones temporales a pagarse con el seguro de cesantía. Esta solución ha vulnerado los derechos laborales de los trabajadores, desequilibrando aún más la relación laboral a favor de los empleadores, la que solo ha podido ser enfrentada en los lugares donde existe la organización sindical. Este plan deja fuera a un 30% de los trabajadores chilenos, los que desde el mundo del trabajo informal son los que más rápido caerán en el desempleo y la consiguiente insolvencia económica familiar. También es grave el caso de las trabajadoras de casa particular, que están cayendo rápidamente en el desempleo y han quedado fuera del seguro de cesantía, cubiertas solo por una mínima indemnización.

Es urgente, redireccionar fondos públicos para crear un fondo para todos trabajadores formales e informales afectados por la crisis, que garantice a lo menos por tres meses, una Renta Básica Universal por familia con beneficios promedio de $448.000 pesos, que beneficie a 4.000.000 de familias, impactando en la vida de 12.000.000 de ciudadanos de ingresos bajos y medios.

Observamos con estupor, como las AFPs en lo que va de la crisis al 31 de marzo han perdido 25.000 millones de dólares, lo que genera una reducción brutal al monto de las pensiones de todos los chilenos/as.

Es urgente tomar medidas para que la crisis no golpe los hogares del 80% de los trabajadores/as chilenos, que son el motor y centro de la economía nacional, medidas que deben crear oportunidades para todos.

Central Unitaria Trabajadores de la Provincia de Llanquihue

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