Por: Samuel Fernández Illanes

Facultad de Derecho, Universidad Central

Samuel Fernández Illanes Facultad de Derecho, Universidad Central

Una visita del Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia a los puertos de Arica y Antofagasta ha sido incómoda. Provocadora y con flagrante intromisión en los asuntos internos chilenos. No sólo se comunicó muy poco antes y con el claro propósito de hacerla fracasar para denunciarlo a todas voces; o bien si se realizaba, seguramente se encontrarían irregularidades aunque no existieran. 

El Ministro Choquehuanca y su comitiva de casi 60 personas, con autoridades, parlamentarios, prensa y otros, así lo ha dejado en evidencia con sus actitudes y declaraciones. Sin embargo, el propósito real nunca fue el apreciar en el terreno las facilidades a las cargas bolivianas, y resolver cualquier inconveniente con las autoridades chilenas competentes. Por el contrario, nada que resolver si fuere necesario, sino causar controversia y culpar a Chile.

El objetivo boliviano, en definitiva, es responsabilizarnos de incumplir las disposiciones del Tratado de 1904, para acusarnos de violación grave como causal de su denuncia unilateral. Un paso más en la escalada de las relaciones que Bolivia está implementando desde hace tiempo. En la primera etapa fue la demanda ante la Corte de La Haya. Luego, advertir que haría otro tanto por el rio Silala o por el Lauca, y todo acompañado de un permanente hostigamiento insultante a Chile, a nuestras autoridades, y opinando en asuntos internos que Morales se permite calificar a su antojo.  Demasiado burdo y evidente para caer en la trampa, aunque sigan una estrategia más amplia y riesgosa.

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El Chile que usualmente Bolivia ha encontrado, legalista, paciente, sin iniciativas ni confrontaciones, cambió. Ahora, demandamos por el Silala, reaccionamos a la par de las diatribas, e imponemos a su Canciller y comitiva -como medidas necesarias pero sólo administrativas- el someterse a las mismas reglamentaciones que cualquier chileno o extranjero, debe acatar si visita un emplazamiento portuario nacional. Sin tratos especiales que no procuró por los canales oficiales. Es decir, avisar oportunamente, esperar el permiso respectivo, ataviarse con el casco, chaleco reflectante y otros implementos por su propia seguridad y efectuar un recorrido guiado. No son territorio boliviano, sólo instalaciones que utiliza. Las insistentes acciones inamistosas nos han obligado a modificar nuestra tradicional postura, y revocado la exención  de visas diplomáticas esta vez mal utilizadas por la delegación. Era hora, pues se acumulan evidencias de que el diálogo civilizado o las prácticas más elementales de la convivencia internacional, no desean seguirlas. Se ha violado la práctica diplomática existente, sobre todo entre Estados que sólo las tenemos a nivel consular. Buscan alterarlas y mezclarlas con frases engañosas de amistad.

Y hay un punto adicional a considerar. Su visita no ha sido tal, sino de inspección. Sabemos que sólo se inspecciona y controla lo que es propio, no lo ajeno. Más algo inquietante: ¿será esto lo que las autoridades bolivianas entienden como la materialización anticipada y práctica del “acceso soberano al océano Pacífico”, que la Corte decidirá si “existe o no para Chile la obligación de negociar”?  Constituiría un forzamiento previo al hipotético fallo de la Corte. Situación que debiéramos advertirla. Las partes no pueden exigir lo que es una mera expectativa. Una visita incómoda, pero reveladora de nuestras actuales y futuras relaciones con un vecino que, lamentablemente, no busca entendimientos sino conflictos.

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