A pesar de que hay consenso con respecto a la necesidad de una política pública de la naturaleza de la nueva Ley de Pago a 30 días, la duda que ahora existe en el mercado es el cómo se ejecutará la misma, sobre todo en el creciente gremio de las pymes.

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Andrés Prats, gerente general de Fynpal, señala que la clave radica en “tener más alternativas, mayor competencia, lo que se traduciría finalmente en emparejar la cacha”. Para el ejecutivo, el comprador podría ofrecer al menos tres alternativas de pronto pago de entidades financieras no relacionadas al momento de confirmar una factura de pago, así el proveedor elegiría su mejor opción.

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Otro punto clave para Prats es la certeza y facilidad para facturar y cobrar, “una factura debe tener una fecha y forma de pago cierta. En caso de atraso, el interés debe estar establecido en la ley y ser pagado por el comprador, no por el proveedor. Además, se debe incentivar el pago por transferencia bancaria, así el proveedor Pyme no pierde tiempo retirando los pagos presencialmente.

Si una empresa quiere proyectar sus flujos y facilitar la cotización de anticipos de sus facturas, en primera instancia se debe confirmar la recepción de éstas preferentemente durante el mismo día que fueron emitidas, y simplificar el proceso de aplicación de descuentos que deriva en retrasar cualquier tipo de cotización de financiamiento.

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