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Por Juan Pablo Venegas G.
Director de Incidencia Pública
World Vision
La nueva Constitución que está elaborando el país debe contemplar y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) como titulares de derechos plenos. Esto significa no solo reconocer sus derechos fundamentales, sino también crear mecanismos eficaces para su protección, promoción y participación.
Los NNA son el sector más desprotegido de la sociedad y el que más padece las consecuencias de la desigualdad, la pobreza, la violencia y la exclusión. Los datos son alarmantes y evidencian la urgencia de actuar: en Chile 1 de cada 2 niños sufre violencia en su propio hogar; 7 de cada 10 sufren violencia en algún espacio de sus vidas; en nuestro país, la primera causa de muerte de los adolescentes y jóvenes son los accidentes de tránsito, las lesiones autoinfligidas o ejercidas por otros y la segunda causa son los suicidios; alrededor del 50% de los NNA se sienten discriminados por su apariencia u origen social.
Frente a esta realidad, es imprescindible e inaplazable que la nueva Constitución incorpore una visión integral e interseccional de los derechos de los NNA, que respete su diversidad y especificidad, que asegure su interés superior como principio rector y vinculante para todas las autoridades públicas y privadas, que garantice su participación efectiva en todos los ámbitos que les afectan, que establezca un sistema nacional de protección integral que articule a todos los órganos del Estado y a la sociedad civil para prevenir y reparar las vulneraciones a sus derechos, y que consagre un órgano autónomo e independiente que vele por el cumplimiento y la exigibilidad de sus derechos.
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