Por Dr. Patricio Silva Rojas
Decano Facultad de la Salud, Universidad Central

2017 se inicia con enormes desafíos para la cartera de salud. No sólo por los planes que deberá concretar durante este año, sino por la gran cantidad de “pendientes” de periodos anteriores en diversas materias que, con el tiempo, se han transformado en una carga difícil de arreglar en el camino.

Los puntos críticos son varios, pero similares en cuanto a importancia y dificultad. Referente a infraestructura, el objetivo programático de 20 hospitales construidos, 20 recintos en obras y otros 20 más en diseño al término del actual Gobierno parece en entredicho, toda vez que las objeciones que ha realizado la Contraloría a los procesos licitatorios han impedido la total ejecución del presupuesto destinado para ello en 2016.

La falta de recintos hospitalarios ha redundado en la escasez de camas que se han visto disminuidas en la última década, situación que se agudizó con el terremoto de 2010. Así, según cifras del Minsal, de 2006 a 2016, las camas hospitalarias cayeron en 1.632 unidades. Es más, mientras los países de la OCDE disponen de 4,8 camas por cada mil habitantes, Chile cuenta con sólo 2,2

Claro está, la apertura de camas depende directamente de la construcción de nuevos establecimientos y, al mismo tiempo, de la incorporación de más recurso humano a la red de salud. Se estima que Chile requiere en su sistema público de salud de 10 mil funcionarios adicionales, de los cuales 2 mil deberían ser médicos, para atender en regiones y descentralizar la red. Todo lo anterior, ha derivado en que el Ministerio de Salud haya incurrido en enormes gastos por concepto de compra de camas  al sector privado, los cuales llegaron a US$1.500 millones en 2016. Esta situación  hace aún más urgente la necesidad de mejorar la situación hospitalaria pública para dejar de recurrir al sistema privado.

Te puede interesar:  Obesidad femenina: ¿Cómo revertirla?

Unido a lo anterior, otro nudo crítico se encuentra en el proyecto del Plan Garantizado de Salud, que busca crear un fondo de riesgos, eliminar las preexistencias y generar un sistema transparente de adecuación de precios, entre otras variables. Ante la ausencia de una reforma a las Isapres, un grupo de senadores plantea transformar dicho proyecto en una ley corta, del tal modo de reducir la judicialización de los planes de los aseguradores de salud privados, situación que el año pasado afectó al 10,7% de la cartera. Esto, mientras la ministra plantea “observar” la labor parlamentaria, entendiendo que lo que requiere el país es una reforma larga de alta complejidad.

Así, 2017 se presenta con muchísimos escollos que superar, los cuales –debe recalcarse – van mucho más allá de mejorar los procesos de gestión y los procedimientos, que por cierto es necesario, sino también por inyectar aún más recursos al sistema público de salud, que incide directamente en la calidad de vida de miles de chilenos y chilenas.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí