Por Juan Carlos Concha
Jefe Unidad de Salud Pública y Medicina Social de la Universidad Pedro de Valdivia.
El pasado 29 de diciembre, Diario El Día publicó un artículo donde exhibía su legítima preocupación por la limitada disponibilidad de respiradores para pacientes graves de Covid-19 en la Región Metropolitana.
La inquietud posee una vital importancia, ya que los respiradores no sólo son requeridos para los portadores de coronavirus, sino que también compiten por ellos los pacientes pulmonares crónicos relacionados a eventos agudos por insuficiencia o infección. El panorama provoca que el equipo de salud deba decidir a quién o no conecta a la maquina respiratoria que salvará una vida y a la otra no. Un caso de eutanasia pasiva.
La emergencia de la pandemia en el invierno pasado se resolvió mediante la conversión de los hospitales de alta especialidad en Hospitales de Urgencia y la instalación de jornadas agobiantes de los médicos, profesionales y trabajadores de los equipos de salud de esos establecimientos. La situación provoca que entre el recuento de los fallecidos por coronavirus, deba agregarse a aquellos que también sufrieron las consecuencias de la pandemia al no poder ser atendidos a raíz de la contingencia.
Al examinar las tendencias de los casos nuevos por semana de Covid-19, puede observarse una curva en “U”, denotando un alza reciente, a toda vista real y no imputable a la mayor frecuencia de tomas de exámenes de confirmación. Su proyección epidemiológica indica que el brote podría alcanzar, probablemente, unos 30 mil casos semanales. Este rebrote era esperable, dado el comportamiento poblacional de fin de año, mientras que las medidas preventivas no han sido contenidas por las débiles recomendaciones gubernamentales. Simplemente, la autoridad ha sido sobrepasada.
Como puede verse, el nudo del problema no está en los enfermos graves sino en cómo se contiene la difusión de la enfermedad. El error estratégico principal del Gobierno ha sido sentarse a esperar a la vera del camino que la pandemia alcance a los hospitales y desde allí resistir el cerco a la ciudadela con la barrera de los respiradores.
La milenaria cuarentena puede ser una solución para la primera oleada. Sin embargo, crea desigualdades, ya que al no contar con una ayuda básica sostenida y suficiente, la ciudadanía se ve obligada a romper con el aislamiento y la distancia física para satisfacer el hambre.
Entonces, ¿dónde está el camino racional y los instrumentos aptos para enfrentar la pandemia si carezco de los medios para prevenir y tratar a millones de enfermos? Hoy no se entrega educación sanitaria, a cambio se otorgan instructivos de comprensión burocrática y protocolos interminables. A la población se le brinda un remedio mediático, sin concederle una eficaz participación de la comunidad organizada para ejercer control social, de mayor eficacia que la represión.
Todavía es tiempo para actuar, la acción en terreno produce efectos de inmediato. Para ello, se necesitan recursos para sostener a los pequeños equipos epidemiológicos en terreno, en los consultorios de la Atención Primaria de Salud. Los avances en salud, se deben en gran medida a las habilidades y destrezas hospitalarias, pero mucho más a la racionalidad epidemiológica y a la competencia sanitaria administrativa de la APS, que posee la capacidad de ampliar la cobertura de las acciones y hacer llegar a todos los beneficios del progreso médico con medidas simples, eficaces y colectivas.
Es difícil recobrar la confianza del pueblo después de tanta desinformación, desaciertos y errores de comportamiento de la autoridad. Pero si se registran menos contagios, disminuirán las preocupaciones por el dilema ético al que se ve enfrentado el equipo de salud de las salas UCI. La racional administración de salud es la clave para alcanzar la calidad social de un sistema.
