Por Matías Godoy Mercado
El 13 de julio del presente año no fue un día cualquiera para nuestro país. Por primera vez en 25 años, Standard & Poor´s redujo su clasificación de riesgo para el Estado de Chile. La institución, encargada de evaluar el riesgo de incumplimiento de pagos de empresas y Estados, ya no considera que prestar dinero a nuestro Estado sea un negocio tan seguro como antes. Las razones tras la decisión fueron categóricas: “El prolongado débil crecimiento económico ha afectado los ingresos fiscales del país y ha contribuido a incrementos en el nivel de deuda del gobierno”.
En esta columna explicaremos con manzanitas por qué S&P considera que el Estado de Chile es un pagador más riesgoso que antes. Al respecto, esgrimiremos posibles efectos sobre inversiones, la economía y las personas tras esta decisión.
Prolongada Desaceleración Económica
Tras casi una década de alto crecimiento, principalmente motivado por el boom del cobre, Chile, al igual que la mayoría de los países en el Mundo, cayó en recesión en 2009 producto de la crisis económica subprime desatada en Estados Unidos. Aquel año el valor de la producción de bienes y servicios fue 1,9% menor a la de 2008. A pesar de la catástrofe que significó el terremoto y tsunami, en 2010 la economía se recuperó inmediatamente anotando una producción 5,8% superior a la de 2009. La tónica seguiría con un superior 6,1% en 2011. Sin embargo, de ahí en adelante el país inició un fuerte proceso de desaceleración, que anotó niveles históricamente bajos en 2014, 2015 y 2016.
Desde 1996, a excepción de las recesiones de 1999 (crisis asiática) y 2009 (crisis subprime), Chile nunca había crecido económicamente bajo el 3%.
Fuente: Banco Central de Chile.
Ingresos y Gastos del Estado
Durante 2007 y 2008 los ingresos del Estado de Chile fueron sustantivamente mayores que los gastos. Esto fue consecuencia de las altas tasas de crecimiento económico y el alto precio del cobre. No obstante, con la recesión de 2009 los ingresos cayeron drásticamente y los gastos aumentaron, situación que no logró revertirse del todo en 2010 debido a los costos de la reconstrucción del país.
En 2011 y 2012 Chile recuperó la estabilidad fiscal y los ingresos fueron superiores a los gastos. No obstante, a partir de 2013 nuestro país nuevamente entró en una posición de déficit, la que se fue agravando con el paso de los años. Si bien los ingresos aumentaban, conforme el país seguía creciendo económicamente, los gastos lo hicieron a tasas mayores.
Fuente: Estadísticas Fiscales de Gobierno General – DIPRES, Gobierno de Chile.
Las Deudas
Al igual que los hogares, cuando los Estados no son capaces de cubrir sus gastos con los ingresos generados deben recurrir al endeudamiento. En los últimos 4 años esa ha sido la tónica. En 2013 Chile debió incurrir en préstamos por $734.315 millones de pesos para poder financiar la totalidad de sus gastos. En 2014 se incurrió en un préstamo aun mayor, y así sucesivamente hasta el año pasado, donde nuestro país debió pedir prestado $4.486.124 millones de pesos, un 12% de los ingresos totales.
Fuente: Estadísticas Fiscales de Gobierno General – DIPRES, Gobierno de Chile.
Cada año las deudas se han sumado. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), a 2017 las deudas de Chile totalizan $44.027.941 millones de pesos, equivalentes al 24% del valor de la producción de bienes y servicios de nuestra nación. En palabras simples, el Estado de Chile debe aproximadamente $2,6 millones de pesos por cada ciudadano de nuestro país.
Consecuencias
Al igual que las personas o las empresas, cuando las deudas se acumulan y no se saldan van capitalizando intereses de cara al futuro. Así, llega un momento en que el nivel de endeudamiento es tal que el sistema financiero decide no seguir otorgando préstamos. Dicha situación se dio en Argentina en 2001 o en Grecia el 2010. Los países, ahogados por las deudas, se declaran en “quiebra” (llamado comúnmente “default”). Con todo, a medida que las deudas no se van cancelando van generando intereses crecientes, lo que provoca que el presupuesto del Estado sea destinado cada vez en mayor proporción al servicio de la deuda, en vez de al financiamiento del gasto público y los programas sociales.
El aumento anual progresivo de las deudas de Chile motivaron a S&P a reducir la clasificación de riesgo de nuestro Estado. Aleonadas por bajas tasas de crecimiento, año a año el país ha debido incurrir en préstamos para seguir cumpliendo con lo prometido. Lamentablemente, a futuro se hace necesario que los ingresos aumenten o los gastos se reduzcan para así poder ir amortizando las deudas ya contraídas y no seguir acumulando más. Eso podría repercutir en aumentos de los impuestos, despidos de funcionarios públicos y/o el cese de beneficios sociales. Sin embargo, todas medidas a corto plazo, puesto que, como se ha ilustrado, la mejor forma de lograr un equilibrio fiscal es fomentar el crecimiento económico. La mayor producción de bienes y servicios conlleva mayor empleo, consumo e inversión, lo que se traduce en una mayor recaudación fiscal, independiente de las tasas de impuestos vigentes.
Quizás aún no se sientan del todo los efectos de la actual posición financiera de Chile. Sin embargo, no hay deuda que no se pague. Como siempre, son las generaciones futuras las que finalmente deben hacer frente a los compromisos provistos en el pasado. Nuestro país no será la excepción y, cuando sea momento, el cinturón apretado y los recortes serán la ineludible premisa.
