La iniciativa del Gobierno cuyo objetivo es reducir y prevenir el sobreendeudamiento, y modificar la ley de fraudes, fue aprobada en general de manera unánime en la Comisión de Hacienda del Senado. Ahora debe votarse en Sala para luego abrir el plazo para presentar indicaciones. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, propuso una mesa técnica con los asesores de los parlamentarios de la misma instancia legislativa para trabajar en conjunto las indicaciones.

La iniciativa del Gobierno que busca aliviar la carga de 76 mil deudores dio su primer paso en el Congreso y fue aprobada de manera unánime por la Comisión de Hacienda del Senado. El objetivo principal de este proyecto es que las personas puedan disminuir su carga financiera, o sea, la parte de los ingresos mensuales que destinan al pago de deudas.

Según la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a marzo de 2023 la carga financiera de los deudores llegaba en promedio a 31,7% y a 38,2% en el caso de las personas con ingresos mensuales inferiores a $500.000. La situación se complejiza mirando los números de sobreendeudamiento, que en el mismo periodo para personas con ingresos mensuales menores a $500.000, alcanzó un 76,7%. Este es el escenario al que busca responder el Gobierno.

Este proyecto de ley modifica diversos cuerpos legales y aborda cuatro ámbitos: modifica los programas vigentes del Fondo de Garantías Especiales (Fogaes), Vivienda y Construcción; establece un nuevo programa de garantías para permitir el refinanciamiento de deudas comerciales y de consumo de personas sobreendeudadas; traslada a la CMF la facultad de regular el pago mínimo de las tarjetas de crédito; y modifica la Ley de Fraudes.

El nuevo programa de garantías se extendería desde la publicación de la ley hasta el 31 de diciembre de 2024 y en total se proyectan refinanciamientos por US$ 563 millones.

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Sobre el avance de esta propuesta el ministro de Hacienda, Mario Marcel valoró la disposición de los parlamentarios y afirmó que “esperamos contar con la concurrencia de la mayoría de los senadores para avanzar en este proyecto que busca aliviar la deuda financiera que sabemos aqueja a muchos hogares de nuestro país. La posibilidad de reducir la carga financiera permitirá que las familias puedan disponer de sus ingresos para asuntos distintos al pago de los intereses por deudas”. Además, el secretario de Estado propuso una mesa técnica con los asesores de los parlamentarios de la misma Comisión de Hacienda del Senado para trabajar un conjunto de indicaciones para el siguiente paso de la tramitación.

Ahora la sala del Senado debe votar la idea de legislar, para luego abrir el plazo para ingresar indicaciones y así empezar la votación en particular en la Comisión de Hacienda del Senado.

Programa de Garantías de Apoyo al Sobreendeudamiento

La iniciativa crea el Programa de Garantías de Apoyo al Sobrendeudamiento, que tiene por objetivo que las instituciones financieras puedan refinanciar la deuda de las personas que posean un alto nivel de endeudamiento, medido como relación deuda a ingreso. Se espera que, dada la garantía estatal, las condiciones de pago de las deudas refinanciadas con la institución financiera sean más favorables a las de los créditos que sustituyan, generando así una reducción de la carga financiera mensual para personas naturales. Este es un programa al que se podrá postular durante un año, cumpliendo los siguientes requisitos:

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 Que el total de la deuda sea 6 veces superior al total de los ingresos mensuales de la persona, sin considerar un crédito hipotecario; y setenta veces superior si se cuenta el hipotecario.

 Esta medida está dirigida a sectores de la población con ingresos mensuales brutos inferiores a $1.500.000, por lo que la estimación es que 75.957 personas podrían acceder a ella.

 Las personas deben mantener una deuda de consumo y/o comercial. Si alguien mantiene deudas de ambos tipos en distintas instituciones financieras, los requisitos aplicarían como un consolidado y podría refinanciar con cada una.

 La persona podría refinanciar hasta UF 160 de su deuda.

 La mora debe ser inferior a 90 días.

 El Estado garantizará el 50% de la deuda refinanciada por un plazo de cuatro años.

 No podrán acceder a este programa aquellas personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

De acuerdo a antecedentes de la CMF, en el grupo de menor ingreso la deuda mediana asciende a $ 3 millones; mientras que en aquel con ingresos entre $ 1 millón y $ 1,5 millones, la deuda mediana alcanza los $10,5 millones.

Mecanismos para fijar y regular el pago mínimo en tarjetas de crédito A marzo de 2023, el 14% de los montos facturados de las tarjetas de crédito en los bancos pagaban menos que el mínimo exigido. En el caso de los emisores de tarjeta no bancarios un 54% de los montos facturados pagaba solo el mínimo o menos, según datos de la CMF. Las modificaciones que se plantean en este proyecto tienen como objetivo trasladar la facultad de regular el pago mínimo al regulador financiero, que permita monitorear la materia y, finalmente, evitar que una compra en cuotas sin intereses se convierta en un crédito con interés.

Esto es complementario a la facultad de regular la información que se entrega al consumidor de créditos que se mantiene en el SERNAC.

El proyecto otorgaría la facultad a la CMF para que defina una fijación del pago mínimo que genere efectos positivos en las finanzas personales de los consumidores, ya que, al disminuir el tiempo necesario para pagar la deuda, también disminuyen los costos totales del crédito y la posibilidad de morosidad.

Modificación ley de fraudes

El paquete considera también cambios a la ley de fraudes con tal de reducir conductas fraudulentas o de negligencia grave. Según cifras de la CMF, antes de la entrada en vigencia de la ley de fraudes por cada millón de pesos transado, se desconocían $93. Luego de la ley, esa proporción aumentó: por cada millón transado, $587 fueron reportados como desconocidos. En promedio hay 60 mil eventos de desconocimiento de transacciones al mes, siendo BancoEstado la institución más afectada tanto en cantidad de usuarios como en montos.

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Esta iniciativa otorga facultades a la CMF para dictar estándares mínimos de seguridad, autenticación y registro y propone que las instituciones puedan suspender la restitución de los montos desconocidos; además que ejerzan acciones legales en aquellos casos donde exista información suficiente que permita presumir negligencia grave o dolo de parte del usuario. También busca ampliar los plazos de reembolso, pasando de cinco a diez días, aumentándolos si la transacción es superior a 35 UF. Esto permitiría a las instituciones recabar los antecedentes suficientes. En particular, se establece un catálogo de presunciones de dolo o culpa grave para casos de desconocimiento de transacciones realizadas entre cuentas propias, o cuando el usuario reconoció haber entregado sus claves.

En la Comisión de Hacienda, el ministro Marcel explicó que esta práctica costó al fisco US$ 150 millones anuales. Este punto tomó parte importante de la discusión, y en esa línea surgió la posibilidad de rechazar las cuentas corrientes a clientes de riesgo a lo que el ministro Marcel respondió: “en Chile la bancarización es un logro importante que nos da una fortaleza muy grande para la inclusión financiera. Entonces no puede ser que la solución a este problema sea que se niegue la apertura de una cuenta. Lo que ha planteado el Ejecutivo en este proyecto es bastante prudente, pero al mismo tiempo bastante focalizado, dónde es necesario intervenir para evitar que esta dinámica de auto fraude siga creciendo a futuro”.

Programas Vigentes: Fogaes Construcción y Vivienda

Por último, el paquete considera la ampliación de la cobertura del Fogaes Construcción, a través de la flexibilización del monto de ventas anuales para que una empresa sea elegible (permitiendo empresas con ventas de menos de UF 100.000). En el caso de empresas constructoras que trabajen en proyectos con mandantes públicos (tales como Ministerio de Vivienda, el MOP o el Ministerio de Salud), estos se eximen del tope de UF un millón. También se incorpora un cambio al FOGAES Vivienda, modificando la regulación de compañías de seguro y otras (DFL N°251) incorporando a las mutuarias como posibles otorgantes de garantías, y se extiende la duración del programa al 31 de diciembre de 2024.

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